El Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional.
La decisión se adopta con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, normas que facultan al Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, para declarar este estado de excepción cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar de manera grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o constituyan grave calamidad pública.
Con la declaratoria, el Ejecutivo queda habilitado para expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. Estas medidas deberán tener relación directa y específica con las causas que motivaron la emergencia y tendrán carácter transitorio.
El decreto establece que la duración del Estado de Emergencia será hasta por 30 días, prorrogables hasta completar un máximo de 90 días en el año calendario, conforme a los límites constitucionales. Además, las medidas adoptadas estarán sujetas al control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional.
El Gobierno deberá precisar en decretos posteriores el alcance territorial de la medida y las disposiciones específicas que se implementarán para atender la situación que dio origen a la declaratoria.
