La Fiscalía puso en el centro del debate judicial al alcalde de San Antonio (Tolima), José Dayler Lasso Mosquera, tras imputarle cuatro delitos por presuntas irregularidades en un contrato público relacionado con la compra de repuestos para maquinaria pesada del municipio.
Según la investigación, el caso se remonta a marzo de 2024, cuando un contrato de mínima cuantía habría sido direccionado para favorecer a un consorcio, pese a que el valor real de los repuestos —llantas para una motoniveladora— habría superado el tope legal permitido. En el proceso también fue judicializado el entonces secretario de Planeación, Miguel Andrés Capera Hernández.
La Fiscalía sostiene que el trámite contractual se habría apoyado en cotizaciones presuntamente alteradas, con valores inflados y firmas que no corresponderían a los proveedores reales, lo que permitió viabilizar la adjudicación. Por estos hechos, al mandatario local se le imputaron cargos por peculado por apropiación, falsedad documental, interés indebido en contratos y celebración de contratos sin requisitos legales.
El proceso también salpica a los contratistas Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández, señalados como intervinientes en las presuntas irregularidades. Ninguno de los implicados aceptó los cargos, mientras el caso avanza en etapa judicial y mantiene bajo la lupa a la administración municipal.
