La violencia política contra las mujeres se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Es importante conceptualizar la violencia política contra las mujeres como toda acción u omisión, realizada por personas o servidores públicos, que se dirige contra una mujer por el hecho de ser mujer, y que genera un impacto diferenciado, afectándolas de manera desproporcionada, con la finalidad de anular o menoscabar sus derechos políticos.
Una de las acciones más visibles de esta violencia se presenta cuando las mujeres que ostentan el poder enfrentan un trasfondo permanente de descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de ejercer una buena gestión.
En este año, el Congreso de la República de Colombia creó e implementó la Ley 2453 de 2025, la cual estableció medidas para prevenir, atender, rechazar y sancionar la violencia contra las mujeres en la política, así como para hacer efectivo su derecho a la participación en todos los niveles.
Es decir, las mujeres deben gozar del ejercicio efectivo de la participación y de la toma de decisiones, con el fin de que la gobernanza sea más inclusiva y paritaria, lo cual fortalece la democracia.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, realizaré dos críticas a situaciones que he observado en mi territorio, el departamento del Tolima, donde actualmente se cuenta con nueve alcaldesas y una gobernadora. Cuando se critica la forma de gobernar o el proceso de gestión, y se utilizan expresiones como que una mandataria “no ha servido para nada” o que “no ha logrado solucionar las problemáticas del territorio”, independientemente de si la crítica proviene de un hombre o de una mujer, no siempre puede interpretarse como violencia de género. Tampoco es correcto que, frente a toda crítica a la gestión, las mandatarias se escuden automáticamente en el argumento de la violencia de género.
En días recientes, en un municipio del Tolima, se observó a un actor político de alto cargo a nivel nacional señalando a la mandataria regional de no tener la capacidad política para ocupar el cargo en el que se encuentra, atribuyendo su llegada al poder exclusivamente a su máximo jefe político. Este mensaje, emitido no solo para ella sino para todo el país, constituye un recordatorio de que “se debe a alguien” y de que siempre debe obedecer, como en épocas pasadas, es decir, mantenerse sumisa a las decisiones del máximo jefe.
Lo llamativo de estas declaraciones es que la mayoría de las mandatarias y lideresas políticas del departamento no salieron en defensa de la mandataria señalada, aun sabiendo que este hecho sí constituye violencia política de género. En otras palabras, se legitima la violencia cuando proviene de ciertos sectores, pero cuando se trata de críticas a la gestión política, se genera un escándalo generalizado.
Es muy triste que esto suceda, pero resulta aún más preocupante que una gran parte de líderes y lideresas continúen sometidos al patriarcado y no sean plenamente libres para gobernar. De igual forma, preocupa que las críticas a las formas de gobernar de una mujer sean respondidas mediante procesos de victimización por violencia de género, mientras que, cuando la agresión proviene de aliados políticos, se guarde un absoluto silencio.
