En Colombia los golpes a la democracia ya no suenan con botas, sino con contabilidades torcidas. Y esta vez no se trata de una conjetura ni de la “persecución política” que grita la Casa de Nariño cada vez que se le cae un cuento: es una decisión administrativa en firme, adoptada por el Consejo Nacional Electoral con una votación de 6–3, que dejó al descubierto lo que muchos advertimos desde 2022: la campaña Petro Presidente violó la ley, rompió las reglas del juego y ganó con trampa. No son percepciones; son cifras oficiales. Más de $5.300 millones en gastos no reportados $3.700 millones en primera vuelta, $1.600 millones en segunda, sumados a aportes prohibidos, doble contabilidad y maniobras de ocultamiento. La primera sanción en la historia de una campaña presidencial. El fraude, esta vez, tiene número de resolución.
Pero si el fallo del CNE es el golpe a la mesa, Ricardo Roa es el eslabón que rompe la cadena de legitimidad del Gobierno. Roa no es un funcionario cualquiera: es el exgerente de la campaña Petro Presidente y hoy dirige Ecopetrol, la empresa más importante del país. Y es precisamente él quien fue declarado responsable con dolo, según el CNE de múltiples maniobras irregulares: desde la manipulación del costo real del evento en el Movistar Arena hasta la omisión deliberada de gastos y aportes. Por eso el CNE compulsó copias a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones. No es solo un gerente cuestionado: es un hombre al borde de imputaciones penales, aferrado al cargo con una tutela que ya fue inadmitida en primera instancia. Un presidente de Ecopetrol en entredicho destruye la confianza inversionista y arrastra a la empresa al fango de la politiquería.
Este caso no admite narrativas victimistas: las pruebas reinas hablan solas.
Ahí están los $500 millones de Fecode, disfrazados para ingresar a la campaña pese a que la ley prohíbe aportes de personas jurídicas. Ahí están los recursos de la USO, más de $500 millones en logística, transporte y alimentación que jamás aparecieron en los reportes. Ahí están los $931 millones en pagos a testigos electorales ocultos. Y los vuelos fantasma, la facturación cruzada, la doble contabilidad. Un guion que, si no fuera real, sería digno de serie de corrupción.
Nuestra precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia lo dijo con claridad: esto no es una falta “menor”, es un hecho de trascendencia constitucional. El Artículo 109 de la Constitución es explícito: violar topes implica pérdida del cargo. Y no porque la oposición lo pida, sino porque así funciona el Estado de Derecho.
Por eso hoy la pregunta es inevitable: si ganaron violando la ley, ¿con qué autoridad moral pretenden gobernar? La democracia no se sostiene con discursos inflamados ni con excusas conspirativas, sino con reglas claras y respeto institucional. Por eso, Ricardo Roa debe renunciar de inmediato, y la Comisión de Acusaciones debe actuar con celeridad. Colombia no merece un gobierno nacido de la contabilidad adulterada ni un Ecopetrol secuestrado por el desprestigio. El país exige verdad, justicia y dignidad democrática.
