Colombia es un país acostumbrado a convivir con la fuerza de la naturaleza. Sismos, deslizamientos, incendios forestales, temporadas de lluvias cada vez más intensas y la presencia de volcanes activos hacen parte de nuestro mapa de riesgos cotidianos. Sin embargo, cada vez que ocurre un desastre surge la misma pregunta: ¿realmente estamos preparados?
Cuarenta años después de la tragedia de Armero —el 13 de noviembre de 1985— esta pregunta sigue estremeciendo al país. Aquel día, el municipio quedó completamente sepultado por la avalancha que descendió del volcán Nevado del Ruiz. La magnitud de la emergencia superó cualquier capacidad institucional: infraestructura inexistente, alertas que no se atendieron a tiempo, falta de coordinación entre autoridades y una sociedad que no estaba preparada para enfrentar un evento de esa naturaleza.
Pero lo más doloroso, incluso cuatro décadas después, sigue siendo la incertidumbre. Los recursos donados que nunca aparecieron, los más de 20 mil muertos, los niños que se esfumaron en medio del caos y cuyos paraderos aún hoy siguen siendo un misterio para muchas familias. Surgen reclamos, cuestionamientos y teorías sobre lo que se hizo y lo que no se hizo. Y sí, es válido poner estos temas sobre la mesa. Lo que no siempre es justo es olvidar que, en medio de un desastre natural de ese tamaño, incluso el Estado más preparado enfrenta límites. Cuando la naturaleza decide imponerse, no hay poder humano que detenga la tragedia, pero sí hay formas de mitigarla.
Esto nos obliga a plantear un debate realista y urgente: la gestión del riesgo no es solo responsabilidad del gobierno. Por supuesto, el Estado debe fortalecer sistemas de alerta temprana, garantizar personal de socorro capacitado, invertir en infraestructura segura, actualizar planes de emergencia y perfeccionar la articulación institucional. Pero la preparación ciudadana es igual de crucial.
Las familias colombianas, en su mayoría, no cuentan con un plan de emergencia. No tienen puntos de encuentro definidos, no saben cómo actuar en caso de un incendio, una inundación o un sismo. Muy pocas tienen un botiquín básico, una linterna con baterías, o un listado de contactos prioritarios. Aún hoy, millones de personas no sabrían qué hacer si se repite una emergencia de la magnitud de Armero o si un volcán cercano entra en actividad.
Y esta falta de preparación no es menor. En los primeros minutos de una emergencia, las decisiones individuales pueden determinar quién sobrevive y quién no. Saber por dónde evacuar, cómo proteger a los niños y adultos mayores, cómo cortar suministros en casa o dónde reunirse tras una evacuación puede marcar la diferencia entre el caos y la supervivencia.
Cuarenta años después de Armero, el país ha avanzado: hay un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo que no existía, hay más protocolos, más monitoreo y más herramientas tecnológicas. Pero aún no es suficiente. Seguimos viendo comunidades enteras sorprendidas por crecientes súbitas, familias atrapadas por incendios forestales, barrios construidos en zonas de alto riesgo y autoridades locales improvisando ante cada temporada de lluvias.
La pregunta, entonces, no es solo si Colombia está preparada. Es si cada uno de nosotros lo está.
Porque gestionar el riesgo no es un tema que se activa solo cuando la tragedia golpea. Es una tarea diaria que empieza en casa, continúa en los colegios, se fortalece en los municipios y se ejecuta desde el gobierno nacional.
La preparación no debe surgir del miedo, sino de la responsabilidad colectiva.La tragedia de Armero nos dejó una lección que no podemos seguir olvidando: la naturaleza siempre va un paso adelante. Pero si el país —Gobierno y ciudadanía— trabaja desde hoy, quizá podamos evitar que otra ciudad desaparezca en una noche, que miles de personas queden a la deriva y que generaciones enteras sigan preguntándose, cuarenta años después, qué pudo haberse hecho mejor. Prepararnos no evitará que la tierra tiemble o que un volcán haga erupción.
Pero sí puede evitar que la historia se repita.
