La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años al excanciller Álvaro Leyva Durán, por irregularidades en la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes en 2023. La decisión del Ministerio Público ya está en firme y no admite recurso alguno.
La sanción se fundamenta en que Leyva desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad al declarar desierta la licitación pública, aunque el oferente —la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons— cumplía con los requisitos técnicos establecidos.
En primera instancia, en noviembre de 2024, la Sala Disciplinaria Ordinaria lo halló responsable de declarar desierta la licitación sin fundamentos legales y lo había suspendido temporalmente. Tras recurso de apelación de la defensa, la Procuraduría ratificó la decisión, descartando alegatos de falta de imparcialidad o violación del debido proceso.
Además, el proceso reavivó cuestionamientos sobre su actuación como mediador político y su posterior ruptura con el gobierno del que formó parte, incluyendo acusaciones sobre conspiraciones y tensiones con el presidente Petro.
