La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia reconoció al presidente Gustavo Petro, al periodista Daniel Coronell, al Polo Democrático, al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y a seis exmagistrados de las altas cortes como víctimas de las interceptaciones ilegales realizadas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, entre los años 2005 y 2007.
El proceso penal se adelanta contra el exdirector del DAS, Andrés Peñate, por el presunto delito de concierto para delinquir agravado, al haber liderado, según la Fiscalía, una red de seguimiento, espionaje y perfilamientos a opositores del gobierno de entonces, periodistas críticos y miembros del poder judicial.
En el caso del hoy presidente Gustavo Petro, la Corte concluyó que fue víctima de una estrategia de persecución impulsada por razones políticas cuando se desempeñaba como congresista y denunciaba vínculos entre paramilitares y figuras del poder. Su abogado, Alejandro Carranza, aseguró que el DAS lo convirtió en “un enemigo interno”, y que las acciones de vigilancia ilegal buscaron afectar su ejercicio democrático.
También se reconoció la condición de víctima del periodista Daniel Coronell, quien fue objeto de seguimientos, interceptaciones y acciones de desprestigio que atentaron contra su derecho a la intimidad, la libertad de prensa y el libre ejercicio de su labor periodística.
“Este caso es emblemático. El espionaje estatal no solo vulneró derechos fundamentales, sino que envió un mensaje intimidante a quienes se atrevieron a denunciar o a investigar”, expresó uno de los magistrados durante la audiencia.
Además, la Corte reconoció como víctimas colectivas al Polo Democrático Alternativo y al DAPRE, como institución objeto de espionaje político. También se incluyeron seis exmagistrados que fueron perfilados ilegalmente, lo que evidencia el alcance y la gravedad de esta operación estatal.
En la audiencia, la defensa del exdirector Peñate negó la existencia de un plan criminal sistemático, pero la Corte consideró que las pruebas indican lo contrario y dio vía libre al juicio formal, cuya pena podría oscilar entre 8 y 18 años de prisión.
Este caso revive uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de Colombia, marcado por la utilización del aparato estatal para silenciar, intimidar y perseguir a quienes pensaban diferente.
