El sur del Tolima atraviesa un proceso complejo en el que la minería, tanto legal como ilegal, se ha convertido en un factor de presión ambiental y social. Ataco, municipio históricamente agrícola, con un 97% de vocación productiva en este sector, un 99% de su territorio en área rural y apenas un 1% urbano, está viendo cómo la irrupción del extractivismo amenaza con transformar de manera irreversible su estructura económica, social y ambiental.
El café constituye el principal renglón de la economía local, con una producción que incluso se articula al mercado de municipios vecinos como Planadas. La minería, en contraste, ha ocupado tradicionalmente un lugar marginal: el cuarto renglón productivo, ejercido de manera artesanal por algunas familias que han utilizado métodos rudimentarios para subsistir. Estas prácticas, aunque limitadas en escala, han sido objeto de persecución institucional, con procesos de judicialización por presuntos daños ambientales.
Paradójicamente, mientras la minería artesanal recibe sanciones, la presencia de maquinaria pesada en veredas y llanos avanza sin mayor control estatal, removiendo grandes volúmenes de tierra y generando una deforestación acelerada. Tal como lo señaló recientemente el Secretarío de Seguridad del Tolima, Ataco empieza a parecerse al Chocó en términos de deterioro ambiental: contaminación de fuentes hídricas, pérdida de biodiversidad y agotamiento de la capa vegetal.
A esta problemática ecológica se suma un fenómeno social de creciente gravedad. El auge minero ha coincidido con un incremento en la venta y el consumo de sustancias alucinógenas, lo que ha modificado la percepción de Ataco como un territorio de tranquilidad. La llegada de actores armados ilegales y de población externa vinculada a economías ilícitas ha profundizado el desorden, derivando en extorsiones, pérdida de cohesión social y en el involucramiento de jóvenes en dinámicas de consumo y violencia.
Ante este panorama, resulta indispensable fortalecer la capacidad de acción de las instituciones civiles y ambientales, no solo mediante el control a la minería mecanizada, sino también con políticas de prevención social. El acompañamiento a niños y jóvenes en escenarios educativos, deportivos y culturales debe convertirse en una prioridad para contrarrestar los riesgos asociados al auge extractivo.
Es innegable que un sector de la población subsiste gracias a la minería, y que esta actividad ha permitido ingresos inmediatos para algunas familias. No obstante, los costos ambientales y sociales que se están acumulando superan con creces los beneficios económicos de corto plazo. Lo que hoy parece una estrategia de sobrevivencia amenaza con consolidarse como un factor de destrucción territorial y de precarización de la vida comunitaria.
- Ataco, como parte del sur del Tolima, enfrenta el desafío de decidir si permitirá que el extractivismo se imponga sobre su vocación agrícola y sobre su tejido social. Más que una cuestión económica, se trata de un dilema de sostenibilidad y de futuro
